Elkanah Bohbot, ciudadano colombo-israelí, estuvo secuestrado durante más de 750 días por Hamás.
Durante todo ese tiempo, Gustavo Petro, presidente de Colombia, no emprendió ninguna acción concreta para garantizar su liberación. No hubo pronunciamientos, gestiones diplomáticas visibles ni presión internacional. El Estado optó por el silencio, y en circunstancias de esta naturaleza, la inacción también comunica.
No se trataba de un caso aislado ni de un conflicto ajeno a la atención global. Era un ciudadano colombiano retenido en una de las zonas más tensas y observadas del mundo. Sin embargo, el gobierno eligió no actuar. No por falta de canales diplomáticos ni por ausencia de herramientas, sino por una decisión política. Bohbot fue ignorado porque era judío, y su situación no encajaba en la narrativa ideológica que la actual administración ha decidido adoptar.
La posición del gobierno colombiano no solo fue pasiva, sino incluso hostil hacia el Estado al que Bohbot también pertenecía. En medio del conflicto, Petro llegó a solicitar la salida del cuerpo diplomático de Israel de Colombia, una medida que no solo deterioró las relaciones bilaterales, sino que agravó aún más la situación de cualquier ciudadano con vínculos con ese país. Esta postura no solo significó un distanciamiento político, sino una señal de ruptura en el deber básico de proteger a los propios nacionales en contextos de riesgo internacional.
La liberación no vino de Bogotá, llegó desde el exterior, tras la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un mandatario extranjero asumió la tarea que el Estado colombiano decidió no ejercer. El hecho trasciende lo individual, evidencia una grave omisión de responsabilidad y expone un debilitamiento institucional en la defensa de los propios ciudadanos.
Cuando un gobierno no actúa ante el secuestro de uno de sus nacionales en el extranjero, envía un mensaje claro y peligroso. Comunica que sus ciudadanos están desprotegidos más allá de sus fronteras. Que si caen en manos de grupos armados o terroristas, no deben esperar respaldo diplomático ni presión política. Ese mensaje no solo lo perciben los aliados, también lo interpretan, y celebran, los enemigos.
Este episodio refuerza la percepción de que Colombia ha perdido autoridad moral y capacidad de incidencia internacional. De ser un país que en otro tiempo enfrentó al terrorismo con determinación, ha pasado a relativizarlo bajo la lógica ideológica. Se prioriza la afinidad política sobre el deber de proteger a los propios ciudadanos, un principio básico de soberanía y responsabilidad de Estado.
Mientras el gobierno colombiano optó por el silencio, Trump actuó. Y en política internacional, la acción efectiva tiene más peso que cualquier discurso. La liberación de Bohbot no solo representa una victoria personal, sino un hecho que pone en evidencia a un Estado ausente frente a una obligación elemental.
En un contexto global marcado por el resurgimiento de actores armados y conflictos asimétricos, la manera en que un país responde al secuestro de sus ciudadanos define su carácter y su credibilidad internacional. En este caso, la diferencia entre quienes actuaron y quienes callaron quedó claramente expuesta.
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