Un día como hoy, en el calendario, recuerda algo más que un aniversario histórico, marca el día en que el mundo decidió que la justicia podía imponerse incluso después de la guerra.
El 20 de noviembre de 1945 comenzó en Nuremberg el primer juicio internacional contra líderes de un régimen que había convertido la violencia en política pública. Ese día se estableció que la soberanía no es un permiso para financiar ataques contra civiles ni para premiar a quienes cometen actos dirigidos a causar daño deliberado.
En Núremberg se fijó por primera vez el principio de que los altos funcionarios pueden ser responsables por los sistemas que crean. La estructura legal nació con una idea simple, un Estado no puede diseñar incentivos para la violencia y luego alegar que la responsabilidad es ajena. Aprobar leyes, asignar presupuestos o emitir órdenes que recompensan acciones dirigidas contra civiles constituye un acto penalizable. Ese criterio se convirtió en la base de los tribunales internacionales posteriores y, con el tiempo, en uno de los pilares de la Corte Penal Internacional, que mantiene la misma línea: cuando un gobierno financia, entrena, apoya o recompensa ataques contra población civil, la responsabilidad recae en quienes diseñan o sostienen esas políticas.
Esa discusión es relevante frente a uno de los programas más controvertidos del escenario actual, el sistema conocido como pay for slay, implementado por la Autoridad Palestina, que otorga pagos a condenados por terrorismo y a las familias de quienes mueren al cometer estos actos. No es una interpretación, es un programa formalizado en leyes y presupuestos asignados. Al cumplir con los elementos que Núremberg identificó como definidores de responsabilidad estatal, el programa representa la institucionalización de un esquema de recompensa que transforma delitos contra civiles en actos valorados desde la estructura política.
La pregunta jurídica que surge no es nueva: ¿puede un gobierno financiar o compensar actos de terrorismo sin que sus dirigentes asuman responsabilidad? Desde 1945 la respuesta es no. La CPI ha sostenido que los mecanismos de apoyo material a ataques contra civiles, incluidos pagos o beneficios, pueden constituir participación en crímenes internacionales. Cuando un programa es continuo, oficial y presupuestado, no es accidental, es una política deliberada.
Por eso, el 20 de noviembre no es una fecha ceremonial, es una referencia que permite evaluar el presente. Núremberg no fue un acto simbólico, fue un precedente dirigido a establecer límites claros para los Estados y las autoridades que convierten la violencia en herramienta política.
Para cerrar, queda un ejemplo reciente que muestra cómo ciertos discursos convierten la violencia en un modelo. En el ataque del 18 de noviembre de 2025 en el cruce de Gush Etzion, dos agresores atacaron a civiles y fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. El padre de uno de ellos declaró públicamente: “Lo que más esperé en la vida fue convertirme en el padre de un mártir”. Esas palabras, dadas en televisión palestina, muestran por qué el 20 de noviembre sigue siendo una fecha que obliga a revisar la responsabilidad de quienes legitiman o incentivan actos de terrorismo mediante estructuras políticas o sociales.
Ante la presión de varios países para reconocer el Estado Palestino, ignorar la suspensión inmediata de los programas que incentivan ataques, la transparencia en sus presupuestos y el respeto pleno de normas internacionales y derechos civiles sería institucionalizar y normalizar la complicidad con actos terroristas. Esto repite un dilema que Núremberg dejó claro hace casi ocho décadas: “la impunidad no puede ser la base de un Estado”.
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