Bélgica se suma ahora a un caso ya abierto ante la Corte Internacional de Justicia, invocando el artículo 63 del Estatuto de la Corte, no es un gesto de valentía ni un acto de conciencia, es oportunismo estratégico.
Sudáfrica ya había presentado su denuncia contra Israel por presuntas violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y Bélgica llega tarde, cuando las aguas están turbias y el conflicto ofrece visibilidad sin costo real.
El país europeo no acusa directamente, no toma decisiones sobre hechos ni se expone a repercusiones, solo interpreta tratados, como un espectador que señala desde la orilla mientras otros nadan en problemas que requieren coraje y riesgo político. La intervención bajo el artículo 63 es limpia, jurídica, segura, la moral queda resguardada detrás de un escritorio mientras la política y la imagen pública ganan terreno.
Es imposible analizar esta actuación sin recordar la historia de Bélgica en el Congo, la brutalidad del régimen colonial belga, con millones de muertos, mutilaciones sistemáticas y explotación forzada, dejó una deuda histórica que aún no se ha saldado. La memoria de esos crímenes pesa sobre cualquier alegato moral que el país pretenda esgrimir hoy, esa historia convierte la intervención en Gaza en un acto de hipocresía histórica, se reclama derecho internacional donde no hay riesgo, mientras se esquiva el costo de mirar hacia los propios crímenes.
Bélgica pesca en río revuelto, aprovecha la tormenta que otros iniciaron, recoge la visibilidad y proyecta autoridad moral, pero no limpia ni el río ni su conciencia histórica. En el gran tablero internacional, las ventanas de oportunidad dictan la acción, la coherencia ética queda relegada al margen. Mientras los debates sobre genocidio se llevan a la Corte, la historia del Congo sigue recordando que las banderas de la moral son más frágiles de lo que parecen.
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