El 27 de junio de 2025, durante una sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Reino Unido presentó un informe contundente. En él, la Comisión de Investigación sobre Ucrania concluyó que las desapariciones forzadas cometidas por Rusia constituyen un crimen de lesa humanidad. También se documentaron torturas, ejecuciones extrajudiciales y el traslado forzoso de niños, exigiendo justicia y responsabilidad internacional.
Ese mismo día, el Consejo abordó también la situación en Venezuela, a través de un diálogo interactivo sobre el informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. La inclusión de este país en la agenda refleja su permanencia como caso de atención internacional en materia de derechos humanos.
En medio de estas intervenciones —dedicadas a denunciar violaciones graves en distintos países— no se escuchó una mención a los rehenes israelíes aún retenidos por grupos armados en Gaza. Nadie pronunció en ese foro las palabras “bring them home”, que han resonado en otros espacios internacionales como símbolo del llamado a su liberación. La ausencia de esa demanda urgente en una sesión dedicada a la defensa de los derechos humanos resulta, como mínimo, reveladora.
Estas intervenciones ponen en evidencia una realidad compleja: el vínculo entre el juicio moral y el poder político en el escenario internacional. En estos procesos participan diversos actores, algunos de ellos con antecedentes cuestionables en materia de derechos humanos. No es extraño que instituciones o países señalados por violaciones previas, e incluso vinculados con actividades como el terrorismo o el narcotráfico, formen parte de comisiones encargadas de investigar abusos en otros países.
Estos Estados utilizan su influencia política para bloquear investigaciones o atenuar condenas que podrían afectar no solo a sus aliados, sino incluso a sí mismos. La soberanía nacional se convierte en un escudo recurrente para evitar cualquier tipo de rendición de cuentas, respaldada por presiones diplomáticas y maniobras políticas.
De manera particular, España también ha intervenido en ocasiones para evitar que se activen procesos más rigurosos contra países con los que mantiene vínculos estratégicos, incluidos algunos señalados por organismos internacionales. Estas acciones reflejan cómo, en el terreno del poder, la defensa de intereses nacionales y políticos puede prevalecer sobre un compromiso real con la justicia y los derechos humanos.
Desde la perspectiva kantiana, esta realidad resulta profundamente contradictoria. Kant sostiene que la moral debe basarse en principios universales, capaces de aplicarse sin excepción. Actuar con coherencia ética y respeto a la dignidad humana no es una opción táctica, sino una obligación moral. El uso del poder para proteger la impunidad y bloquear la justicia vulnera directamente ese principio.
En el sistema internacional actual, donde quienes juzgan también pueden estar involucrados en violaciones y usan su posición para evitar investigaciones, la legitimidad de la justicia se ve comprometida.
Una lectura kantiana implica apelar a un marco filosófico que exige coherencia ética, imparcialidad y respeto incondicional a la dignidad humana. Frente a un escenario donde el poder político frecuentemente distorsiona el juicio moral, Kant ofrece una medida clara: actuar conforme a principios que puedan ser válidos universalmente. Aplicar este criterio revela las contradicciones del sistema actual y plantea la urgencia de recuperar un horizonte de justicia verdaderamente comprometido con los derechos humanos, más allá de intereses y conveniencias.
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