Lula alza la voz por Gaza, pero guarda silencio ante Caracas.
Desde el estallido del conflicto en octubre de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva ha sostenido una de las posturas más duras del mundo occidental contra Israel. No solo ha denunciado la ofensiva militar sobre Gaza, sino que ha usado sin titubeos una palabra que otros evitan: genocidio.
En sus discursos públicos y apariciones internacionales, Lula ha condenado la muerte de civiles, el uso del hambre como arma de guerra y ha exigido la liberación inmediata de los rehenes secuestrados por Hamás. Desde conversaciones privadas con familias de brasileños retenidos, hasta declaraciones en la ONU y el Consejo de Seguridad, su mensaje fue claro: lo que hace Israel en Gaza es inaceptable, inhumano y debe detenerse.
La culminación de ese discurso llegó durante la cumbre de los BRICS celebrada en Río de Janeiro los días 6 y 7 de julio de 2025. Desde la tribuna, y con jefes de Estado a su lado, Lula volvió a usar el término “genocidio” para referirse a la operación israelí en Gaza, criticando la complicidad de las potencias que prefieren guardar silencio para no incomodar aliados. Aunque el comunicado oficial del bloque evitó nombrar a Israel, su intervención marcó la tónica moral del encuentro. No hubo diplomacia suave: hubo denuncia directa.
Pero esa contundencia tiene una sombra. ¿Dónde queda ese mismo nivel de exigencia moral cuando se trata de Venezuela?
En las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024, fuertemente cuestionadas por falta de transparencia y sin la publicación oficial de las actas mesa por mesa, Lula optó por una postura mucho más ambigua. No reconoció a Nicolás Maduro, pero tampoco apoyó abiertamente a la oposición. Pidió transparencia, pidió pruebas, pero evitó calificar el proceso como fraudulento. Cuestionó que el régimen llevara la validación al Tribunal Supremo en lugar de seguir los procedimientos electorales formales, pero sin emitir una condena firme.
Y eso, para muchos, revela una contradicción difícil de ignorar.
Porque Venezuela no es solo una crisis política. Es también un país bajo investigación formal en la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad, con más de 300 denuncias documentadas de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. Es un Estado acusado de narcotráfico de alto nivel, con líderes del régimen señalados por la DEA y otros organismos internacionales. Y es, sobre todo, el escenario de la mayor crisis migratoria del hemisferio occidental: más de 8 millones de venezolanos han huido del país, cifra que cuadruplica la población total de Gaza.
Pese a todo eso, Lula evita usar las mismas palabras. No habla de “crímenes”, ni de “régimen”, ni de “autoritarismo”. Su tono es más diplomático, más medido. Lo que en el caso de Israel merece condena rotunda, en Venezuela parece requerir paciencia, diálogo y moderación.
Esa diferencia abre una grieta. ¿Puede un líder ser considerado una voz moral global si denuncia con fuerza una injusticia y guarda silencios parciales ante otra igual —o incluso más— grave? ¿Es coherente exigir justicia internacional en un conflicto, mientras se relativiza otro donde hay procesos abiertos en la Corte Penal Internacional?
Para muchos analistas, Lula camina una línea difícil entre la moral y la geopolítica. Para sus defensores, su política exterior responde al contexto: con Venezuela busca estabilidad regional, evitar un conflicto mayor y proteger los lazos de América Latina. Para sus críticos, esa lógica revela un doble estándar que erosiona su credibilidad como defensor universal de los derechos humanos.
Lo cierto es que esa diferencia ya es visible y ya incomoda. Porque si Lula quiere sostenerse como un referente global —como la voz del Sur Global que exige dignidad y justicia—, no podrá evitar por mucho más tiempo una respuesta clara: ¿cuáles principios son negociables y cuáles no?
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