El grupo es una alianza política de gobiernos con una agenda específica, no una instancia judicial ni parte formal de los tribunales de La Haya.
En las primeras semanas de julio de 2025, el llamado “Grupo de La Haya” ha acaparado titulares en América Latina y otros países del Sur Global. Fundado en enero de 2025 tras una reunión simbólica en la ciudad homónima, su objetivo es coordinar acciones diplomáticas, económicas y jurídicas para denunciar lo que califica como genocidio de Israel en Gaza y respaldar las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI).
No obstante, su nombre induce a confusión. Para muchos, la referencia a La Haya —hogar de la CPI, la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales— puede dar a entender que este grupo forma parte de esas instituciones. Pero no es así: es una coalición política de Estados —entre ellos Colombia, Sudáfrica, Bolivia, Cuba, Honduras, Malasia, Senegal y Namibia— que se reunió por primera vez en La Haya como gesto simbólico, pero desde entonces ha celebrado la mayor parte de sus encuentros en Bogotá, bajo la copresidencia de Colombia y Sudáfrica. No tiene secretaría permanente ni oficina oficial en los Países Bajos; funciona como una plataforma política ad hoc para coordinar posiciones y presionar diplomáticamente a Israel.
Aunque Venezuela no forma parte del grupo, se unió a los estados miembros para debatir alternativas con el propósito de detener lo que su canciller califica de “genocidio contra el pueblo palestino en Gaza”, así como lo que considera la constante violación de los derechos humanos internacionales por parte de Israel.
La convocatoria realizada por el llamado “Grupo de La Haya” para los días 15 y 16 de julio de 2025 en Bogotá fue oficialmente denominada como “Reunión Ministerial Especial de Emergencia”, o, en algunos medios, como “Cumbre Ministerial de Emergencia”. Este nombre refleja la excepcionalidad del encuentro, cuyo objetivo principal fue coordinar acciones diplomáticas y legales frente a la grave crisis humanitaria en Gaza.
Aunque temas como la situación de los rehenes —aproximadamente 50 personas retenidas por Hamas— y el ataque de rebeldes sirios a la comunidad drusa en la región son asuntos de gran relevancia, no formaron parte explícita de la agenda ni de las declaraciones públicas durante la reunión,
El 15 de julio de 2025, el presidente Gustavo Petro hizo una declaración destacada:
“Hicimos aquí en Bogotá el Grupo de La Haya, que nos va a pedir incluso presencia militar para detener el genocidio.”
Aunque calificó el tema como “interesante”, advirtió que antes de recurrir a opciones armadas se priorizarán presiones diplomáticas y comerciales, como la prohibición de exportar carbón a Israel. Este anuncio ha reavivado el debate sobre los límites entre la acción política, la coerción diplomática y la intervención militar, profundizando la discusión sobre el alcance real del grupo.
Nombrar al grupo como “de La Haya” proyecta autoridad moral y simbólica, pero su funcionamiento depende de la voluntad política de los países miembros, no de jueces ni cortes internacionales. La revelación de Petro sobre la posible “presencia militar” en Gaza añade complejidad al análisis: lo que se había presentado como una alianza diplomática podría estar abriendo la puerta a acciones de fuerza en un escenario internacional ya de por sí tensado.
En el fondo, sin un detonante como Gaza, los miembros de este grupo no tendrían hoy un motivo práctico para reunirse; la causa palestina funciona como pegamento temporal que conecta intereses retóricos, bloquea la normalización impulsada por los Acuerdos de Abraham y proyecta un mensaje de resistencia antioccidental en sintonía con la narrativa de actores como Irán o Hamas.
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