Cuando la Corte Penal Internacional castiga a quien obedece las reglas, pero no toca a quien las desprecia
En teoría, la Corte Penal Internacional (CPI) nació para que ningún criminal de guerra —sea dictador, general o terrorista— pudiera dormir tranquilo. En la práctica, la justicia penal internacional sigue atrapada en su propia contradicción: castiga con más facilidad a los Estados que funcionan que a los grupos irregulares que existen, precisamente, porque se niegan a funcionar como Estados.
Ahí está el caso Israel–Hamas. Karim Khan, fiscal jefe de la CPI, sorprendió al mundo pidiendo órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant, mientras colocaba en la misma lista a Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniyeh, líderes de Hamas. Sobre el papel, equilibrio perfecto; un Estado acusado de crímenes de guerra y un grupo terrorista que secuestra civiles, tortura rehenes y filma ejecuciones.
Pero la balanza se rompe donde siempre se rompe.
Hamas no reconoce la CPI, no responde ante ningún tribunal internacional y no tiene nada que perder en la mesa diplomática. Israel sí. Netanyahu no puede ignorar una orden de arresto sin consecuencias prácticas: restricciones de viaje, presión de socios occidentales, impacto comercial y político. Sinwar, en cambio, se esconde bajo tierra en Gaza o negocia en Doha sin que Qatar, Irán o Turquía tengan la menor intención de entregarlo.
Esta paradoja no es nueva. Ocurre siempre que la justicia penal internacional tropieza con la realidad de las guerras asimétricas: un ejército regular puede cometer excesos, crímenes, errores — y la ley internacional lo enjuicia porque su estructura estatal es visible, rastreable, presionable. Una milicia clandestina o un actor terrorista, no. No firma tratados, no tiene embajadas, no gestiona visas, no abre cuentas bancarias que se puedan congelar. Vive del vacío legal.
Se alimenta de la incapacidad de la CPI de operar donde no hay Estado funcional.
El caso venezolano ilustra la misma grieta. En agosto de 2025, la Sala de Apelaciones de la CPI ordenó al fiscal Karim Khan apartarse del caso Venezuela debido a un conflicto de intereses. La decisión se basó en su relación familiar con Venkateswari Alagendra, abogada que forma parte del equipo legal que defiende al gobierno venezolano ante la CPI.
Aunque Khan negó cualquier impropiedad, el tribunal determinó que la conexión familiar y profesional generaba una apariencia razonable de parcialidad. Esta orden representa un hito en la justicia internacional y subraya la importancia de la transparencia e imparcialidad en los procesos judiciales internacionales.
Putin mismo es otra evidencia. Hay orden de arresto, sí. ¿Y qué pasa? Nada. La CPI muestra papeles, el Kremlin muestra tanques. Y así se cierra el círculo: la CPI ejerce poder donde hay gobiernos dispuestos a respetar las reglas, aunque sea de forma imperfecta. Donde no hay reglas, su influencia se disuelve en conferencias de prensa y órdenes que nadie ejecuta.
Guerras asimétricas, justicia asimétrica. La Corte Penal Internacional nació para igualar a todos ante la ley. Pero cada conflicto deja claro lo mismo: la justicia internacional existe para los que aceptan jugar bajo las normas del sistema global. Para los que viven fuera de él —los Hamas, los ISIS, los señores de la guerra sin bandera— la CPI es solo una sigla que no traspasa túneles, fronteras ni búnkeres.
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