En los conflictos contemporáneos protagonizados por Rusia en Ucrania y por Israel frente a Irán, emerge un patrón argumentativo común: ambos Estados justifican el recurso a la fuerza militar apelando a la defensa de su existencia. Aunque se desarrollan en contextos geográficos, políticos y culturales muy distintos, ambos casos revelan una lógica compartida de acción preventiva, en la que la percepción de una amenaza futura justifica el uso anticipado y unilateral de la violencia armada.
Tanto el Kremlin como el Estado israelí han formulado sus campañas militares como respuestas necesarias a peligros que —en su narrativa— comprometen la continuidad de la nación. Para Rusia, la expansión de la OTAN hacia el este representa un cerco geoestratégico que amenaza su soberanía. Para Israel, el potencial desarrollo nuclear iraní y el fortalecimiento de actores armados proiraníes en su entorno inmediato constituyen riesgos que podrían materializarse en un ataque existencial.
Esta doctrina de defensa anticipada, que en términos jurídicos se ubica en una zona gris del derecho internacional, no es nueva. Tiene antecedentes históricos claros. El más citado es el ataque preventivo de Israel contra Egipto en la Guerra de los Seis Días (1967), basado en la acumulación de tropas egipcias en el Sinaí y el bloqueo del estrecho de Tirán, lo cual Israel consideró un casus belli. En otro registro, Estados Unidos invocó la amenaza de armas de destrucción masiva para justificar la invasión de Irak en 2003, sin que dicha amenaza se comprobara después. En ambos casos, como ahora con Rusia y con Israel, la percepción —más que la realidad comprobable— fue el detonante de la acción militar.
La noción de “amenaza existencial” es, por definición, subjetiva y moldeable. No requiere necesariamente una agresión directa o inminente, sino la construcción de un escenario futuro en el que la pasividad podría derivar en la destrucción del Estado. Este marco de interpretación convierte la guerra en un instrumento de defensa antes que en un acto de agresión, y desplaza el juicio ético y legal hacia un terreno de excepción donde la soberanía y la supervivencia prevalecen sobre normas colectivas.
La consecuencia de esta lógica es doble. Por un lado, debilita el principio de soberanía nacional de terceros Estados, que se ven atacados no por lo que han hecho, sino por lo que podrían llegar a hacer. Por otro, erosiona el sistema internacional de resolución de conflictos, al privilegiar la acción unilateral por sobre los canales multilaterales.
En última instancia, tanto en el caso ruso como en el israelí, el argumento central no es la conquista, sino la preservación. La seguridad nacional se convierte en el principio rector absoluto, al punto de justificar acciones que de otro modo serían consideradas ilegítimas. La historia reciente muestra que esta doctrina, aunque efectiva en términos tácticos, tiende a generar efectos estratégicos de largo plazo difíciles de controlar, incluyendo escaladas regionales, aislamiento diplomático y prolongación del conflicto. Aun así, su atractivo persiste, especialmente en contextos donde los Estados sienten que ya no pueden confiar en las garantías del orden internacional.ditándola o borrándola.
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