Siendo espectadores de la histórica recusación de su propio fiscal jefe en el caso Venezuela solo queda pensar que la Corte Penal Internacional ha perdido el rumbo moral aplicando una justicia invertida que termina igualando a víctimas y verdugos
El 7 de octubre de 2023 el mundo fue testigo de uno de los ataques más brutales cometidos contra civiles en este siglo. Milicianos de Hamas irrumpieron en el sur de Israel mataron violaron secuestraron quemaron y transmitieron sus crímenes como si fueran trofeos. Niños en jaulas. Mujeres mutiladas. Ancianos arrastrados por motocicletas.
La Corte Penal Internacional no emitió ninguna medida urgente para asegurar la liberación de los rehenes. No envió expertos no estableció misiones ni usó su peso moral a favor de las víctimas. Meses después reaccionó con órdenes de arresto para los líderes de Hamas y también para Netanyahu y su ministro de defensa.
Para la CPI la masacre y la respuesta están en el mismo plano. La víctima y su gobierno igualados al grupo terrorista que los atacó. En el lenguaje técnico de La Haya esto se llama imparcialidad. En cualquier otro idioma se llama inversión moral.
Israel firmó el Estatuto de Roma en 2000 y lo retiró en 2002 al ver lo evidente la CPI no protege a las democracias bajo amenaza. Las expone las condena las iguala con sus agresores para mantener una neutralidad estética.
Hamas no representa a un Estado. No tiene estructuras legales. No firma tratados ni coopera con cortes. Pero justamente por eso la CPI compensa procesando al Estado víctima porque es más fácil más visible y más diplomáticamente equilibrado. El resultado la justicia simétrica reemplaza a la justicia real.
La CPI no tiene jurisdicción sobre China Rusia Irán Siria Turquía India o EE UU pero sí sobre Israel Colombia o Venezuela. Es una justicia de blancos móviles de oportunidades selectivas de poder geopolítico más que de derecho. Castiga cuando puede no cuando debe. Y cuando debe hacerlo contra aliados o dictadores bien conectados titubea negocia o como en el caso venezolano queda atrapada en sus propios conflictos internos.
Hace solo semanas la CPI ordenó al fiscal jefe Karim Khan apartarse del caso Venezuela por conflicto de intereses. No fue una recusación política fue una confesión institucional. La Corte que se jacta de perseguir la impunidad terminó impugnando a su propio fiscal por vínculos con un gobierno que está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad.
El mensaje es claro; si la CPI para garantizar imparcialidad frente a un régimen autoritario debe recusar a su fiscal, qué esperanza tiene una democracia asediada como Israel. La CPI no protege a quienes respetan el derecho sino a quienes lo manipulan. En ese desequilibrio está su mayor crisis se ha convertido en un árbitro que iguala al asesino con el rescatista al secuestrador con el que responde al dictador con el primer ministro elegido. Y en nombre de la justicia acaba protegiendo los derechos de quienes la violan.
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