El 12 de septiembre de 2025, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución respaldando la “Declaración de Nueva York”, orientada a revitalizar la solución de dos Estados entre Israel y Palestina.
La votación resultó en 142 votos a favor, 10 en contra —incluyendo a Israel y Estados Unidos— y 12 abstenciones.
La resolución condena los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, exige su desarme y la liberación de los rehenes, y propone una misión internacional temporal para estabilizar Gaza.
A primera vista, la resolución podría interpretarse como un paso diplomático hacia la paz.
Sin embargo, su carácter simbólico y la ausencia de mecanismos de cumplimiento plantean un serio problema, no hay plazos ni sanciones que obliguen a Hamás a acatar los tres puntos clave.
Esto convierte a la resolución en una declaración política más que en una herramienta de cambio real sobre el terreno.
La resolución busca condenar a Hamás y respaldar la solución de dos Estados, pero al carecer de mecanismos de cumplimiento, plazos claros o sanciones efectivas, deja un vacío práctico peligroso.
Mientras Hamás retenga rehenes y conserve sus armas, la atención internacional se convierte en su instrumento de presión.
En lugar de proteger a las víctimas o garantizar la paz, la resolución inadvertidamente normaliza el secuestro como herramienta diplomática, legitimando actos criminales contra civiles y debilitando los principios de seguridad, soberanía y derechos humanos que supuestamente busca defender.
Para Israel, el beneficio es prácticamente nulo.
La resolución no elimina la amenaza directa sobre su población, no obliga al desarme de Hamás y no garantiza la liberación inmediata de los rehenes.
Por eso Israel y Estados Unidos la consideran desequilibrada y fútil, buena en intenciones, inútil en resultados.
Para Hamás, en cambio, la resolución puede interpretarse como un instrumento de legitimación diplomática, un premio simbólico por mantener rehenes y continuar con su agenda armada.
El peligro de este precedente es evidente.
Si los grupos armados perciben que el secuestro de civiles puede generar atención internacional y declaraciones de apoyo simbólico, se refuerza un incentivo perverso, usar a inocentes como palanca de presión en conflictos diplomáticos.
La resolución, que pretende promover la paz y los derechos humanos, corre el riesgo de convertirse en un manual no intencional para la coerción mediante rehenes.
En conclusión, la resolución de la ONU sobre Palestina es un acto diplomático cargado de simbolismo, pero limitado en eficacia real.
Legitimiza indirectamente un mecanismo de presión criminal, mientras ofrece pocas garantías de seguridad y protección para quienes deberían ser sus principales beneficiarios.
La comunidad internacional, al votar a favor, ha reforzado un precedente peligroso, la atención global puede convertirse en un premio para quienes violan los derechos más básicos de las personas.
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Nunca un comentario tan justo y preciso dicho en un momento clave, como el de Marcos Rubio acerca de las naciones unidas..”Me importa un comino la ONU”.