El viejo refrán dice que ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón, una frase que nació en el mundo hispano para explicar algo simple y brutal, cuando el delito se vuelve la moneda del intercambio entre quienes viven fuera de la ley, la moral deja de servir como referencia y solo importa quién engaña mejor a quién.
Ese eco resuena hoy en Gaza, donde Hamas acusa a la Hermandad Musulmana de quedarse con parte de las donaciones enviadas para la población bloqueada y devastada por la guerra.
Fuentes regionales señalan que Hamas habría detectado desvíos sistemáticos de fondos destinados a ayuda humanitaria, lo que abrió una grieta interna entre dos organizaciones que durante décadas caminaron en paralelo, compartiendo ideología y objetivos políticos. La acusación no surge de un choque moral, surge de la lucha por el control del dinero que entra y sale de Gaza, un recurso que hoy vale más que cualquier discurso.
Este escándalo aparece además en un momento particularmente tenso, justo después de que la Asamblea General de la ONU aprobara una nueva resolución sobre Gaza. Una resolución simbólica, discutida, celebrada por algunos y cuestionada por otros, pero que no cambia la realidad inmediata sobre el terreno, porque ninguna declaración diplomática puede ordenar el caos interno de las organizaciones que se disputan el poder en Gaza.
Por eso, en medio de resoluciones internacionales, llamados al cese de hostilidades y debates sobre legitimidad, surge esta pregunta inevitable, qué pasa cuando quienes declaran representar una causa se acusan entre ellos de robar la ayuda destinada a la gente que dicen defender.
La respuesta es tan simple como incómoda, cuando dos organizaciones terroristas se acusan entre sí, no hay árbitro, no hay jueces, no hay normas. Hay solo violencia, propaganda y poder, incluso bajo la sombra de una resolución de la ONU que intenta imponer orden donde el orden ya no existe.
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