Mientras Hamás exhibe sin pudor la tortura y el hambre de rehenes como arma de propaganda, Panamá, casi en soledad, se convierte en el único Estado que denuncia por su nombre este crimen y exige su fin sin condiciones. El resto del mundo, ocupado en declaraciones vagas o en debates de reconocimiento simbólico, calla o mira para otro lado.
El 2 de agosto de 2025, el Gobierno de Panamá sorprendió a la comunidad internacional publicando un comunicado oficial inusitadamente claro: condenó sin rodeos la tortura de rehenes israelíes, denunció la difusión de videos como violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario y reclamó la liberación inmediata e incondicional de todos los secuestrados por Hamás.
La contundencia de Panamá contrasta con la postura calculadamente ambigua de gran parte de Occidente. Países como Francia, Estados Unidos, Reino Unido o España han condenado genéricamente la toma de rehenes. Pero, aun después de que Hamás divulgara imágenes que muestran a cautivos visiblemente maltratados y famélicos —una violación de la Convención de Ginebra sin matices— ningún otro gobierno se atrevió a calificarlo oficialmente de tortura ni a exigir la liberación completa con tanta claridad.
Mientras tanto, varias capitales europeas y latinoamericanas aceleran iniciativas para reconocer un Estado palestino, ignorando deliberadamente que quien ostenta el poder real en Gaza —Hamás— combina el secuestro de civiles con chantaje mediático, utilizando el sufrimiento humano como moneda de cambio. Un silencio que raya en la complicidad política.
El comunicado panameño, firmado por su Cancillería, coloca a este pequeño país centroamericano en la insólita posición de ser —al menos en el papel— más coherente con el Derecho Internacional Humanitario que muchas potencias que presumen de ser guardianes de los derechos humanos. La pregunta inevitable es por qué nadie más quiere asumir ese costo diplomático mínimo: llamar a la tortura por su nombre y exigir sin dobleces la liberación de inocentes.
La línea de Panama es clara; torturar, filmar y exhibir rehenes como trofeos es inadmisible.
Para buena parte del resto del mundo, al parecer, no tanto.
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