El Parlamento la aprobó en mayo 2025 para endurecer las penas por discurso de odio, pero el presidente la envió al Tribunal Constitucional y ahora todo depende de su fallo.
En mayo de 2025, el Parlamento de Rumania empezó a debatir una nueva ley para combatir el antisemitismo, el racismo y el discurso de odio, con el objetivo de reforzar la legislación existente y adaptarla a las directivas europeas. La iniciativa fue impulsada por el diputado judío Silviu Vexler y fue aprobada primero por el Senado el 27 de mayo, y luego por la Cámara de Diputados el 12 de junio, con una amplia mayoría. La ley proponía sancionar a quienes establezcan, apoyen o participen en organizaciones de tipo fascista, legionaria o racista. También sanciona a quienes promuevan contenido antisemita o nieguen el Holocausto, especialmente si lo hacen por internet. Además, prohíbe dar nombres de criminales de guerra o ideólogos fascistas a calles, instituciones o espacios públicos.
A pesar del respaldo parlamentario, el presidente de Rumania, Nicușor Dan, decidió no promulgar la ley y en su lugar la envió al Tribunal Constitucional, alegando que algunas definiciones del texto —como “fascista” o “legionario”— eran demasiado vagas y podían poner en riesgo la libertad de expresión. Aunque la medida se presentó como una revisión legal, en la práctica funcionó como un bloqueo indirecto a la entrada en vigor de la ley. La decisión generó una fuerte reacción por parte de la comunidad judía. Silviu Vexler devolvió una medalla estatal que había recibido como gesto de protesta, y acusó al presidente de facilitar el avance del extremismo. Organizaciones como el Centro para el Monitoreo del Antisemitismo calificaron la situación como alarmante, ya que en los últimos años han aumentado los discursos de odio en redes sociales y la reivindicación de figuras históricas vinculadas al fascismo rumano.
Rumania tiene antecedentes complejos en esta materia. Durante la Segunda Guerra Mundial, decenas de miles de judíos fueron perseguidos y asesinados bajo el régimen de Ion Antonescu, con la participación de grupos como la Guardia de Hierro. En ese contexto, el gobierno rumano deportó a más de 150.000 judíos a la región de Transnistria —entonces bajo administración rumana—, ubicada entre los ríos Dniéster y Bug, en lo que hoy es Ucrania. Allí se organizó una red de campos de concentración y ghettos, como Bogdanovka, Domanevka o Pechora, donde miles murieron por hambre, enfermedades, ejecuciones o trabajos forzados. Este episodio forma parte del Holocausto rumano, aunque durante décadas fue minimizado u ocultado en el discurso oficial.
Durante el régimen comunista, especialmente bajo Nicolae Ceaușescu, el antisemitismo no fue promovido abiertamente, pero persistió de forma velada. El Estado usó la emigración de judíos a Israel como moneda de cambio diplomática, mientras reprimía la identidad judía y cerraba instituciones culturales. Tras la caída del comunismo en 1989, salieron a la luz los silencios y omisiones del pasado. En los años 90 y 2000 se intentó incluso rehabilitar a figuras del régimen fascista, lo que generó polémica. Solo desde 2004, con la creación de la Comisión Wiesel, el Estado rumano comenzó a asumir oficialmente su responsabilidad en el Holocausto y a promover políticas de memoria, educación y lucha contra el antisemitismo.
Ahora, el futuro de la ley queda en manos del Tribunal Constitucional, que debe decidir si respeta los principios de la Constitución. Si el fallo es favorable, la ley entrará en vigor. Si no, volverá al Parlamento para ser modificada. Mientras tanto, el caso ha abierto un debate público sobre hasta dónde deben llegar las leyes para frenar el odio sin afectar la libertad de expresión.
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